Por Gustavo Funes
El miércoles 24 diputados hizo ley un proyecto del kirchnerismo enviado directamente desde el Ejecutivo, que apunta a retroceder a los 90 y a dejar satisfechas a las propias patronales vinculadas tanto a la industria como a otros sectores.
O sea, se da una vuelta de tuerca en relación a lo que se llama la ley corta, que es lo que presenta el proyecto del gobierno, con la idea de “terminar con la industria del juicio”. Eso está hecho a la medida de las grandes empresas, monopolios que controlan el grueso de la producción en la Argentina, tanto industrial como agropecuaria.
En estos hechos se ve la esencia de la verdadera política del gobierno de Cristina Fernández: pro-monopólico, pro-patronal, que afecta directamente los intereses de los trabajadores. Porque, por ejemplo, en uno de los puntos más importantes del proyecto se plantea un aumento del 20% de indemnización en el caso de optar por las ART y desistir de la vía judicial. O sea, que directamente se induce a seguir la vía de la ART, así el trabajador queda enganchado en el juicio de la ART.
Las ART aparecieron junto con las AFJP en los años 90 con el objeto social de ganar dinero. Para eso la crearon los accionistas. Entonces, ¿cuál es el punto, dónde está el negocio? Y el negocio está en que los trabajadores hasta ahora recurren también a la justicia porque nunca la ART le paga al trabajador lo que verdaderamente le corresponde. Entonces, ahora te ofrecen un 20% más como una zanahoria para que entrés, pero en realidad te van a seguir sacando, como la gran mayoría de las veces hacen las ART, algunas llegan a reducir hasta un 70% de lo que a vos te corresponde del accidente o problemas laborales, solo que ahora quedas atrapado allí sin la posibilidad de agregarle la vía judicial. Recordemos que las ARTs disponen de juntas médicas, psicológicas para tal fin. Aquí no hablamos de la confianza en esta justicia, pero el trabajador puede también sumar esta parte.
Por otro lado, esta ‘ley corta’ sólo se ocupa de la “reparación de daños”, enmarcada dentro de la ART. Pero se olvida de la prevención de los siniestros laborales.
La OIT en base a un estudio realizado, establece que un 38% de los siniestros laborales son enfermedades profesionales. En nuestro país ese porcentaje se reduce al 3%. Pero no por consecuencia de un milagro argentino, como si acá no hubiese accidentes por temas profesionales. Si no por la actitud refractaria de la ART, que no contemplan la gran mayoría de las enfermedades profesionales que menciona la OIT.
También señalamos que hay otros proyectos presentados. Como el de la CTA de Pablo Micheli que junto con la CCC y la CGT de Hugo Moyano se movilizaron a Congreso para repudiar esta ley antiobrera. Esta Ley ha generado diferencias en diversos sectores. Vimos la semana pasada la pelea pública de Moyano con Recalde, la división en las propias filas kirchneristas, etc. Es muy importante que se profundice la lucha obrera y popular para seguir denunciando esta ofensiva del gobierno y las patronales.
No se puede dejar de señalar que este avance antiobrero en la legislación está vinculado a las necesidades del gobierno de tener apoyo económico y político de todos esos sectores de monopolios y terratenientes para seguir descargando la crisis en las espaldas de los trabajadores y generar apoyo para la reelección de Cristina Kirchner en el 2015.
No es casual que el PRO haya apoyado esta ley en el Congreso, y es demostrativo de que la política y el llamado modelo K beneficia a grandes sectores de clases dominantes aún opuestos en la política en el discurso cotidiano.
Todo esto es lo que tendrán que explicar los muchachos de la Campora y las usinas “Nac y Pop” del gobierno nacional.
