Por Mujeres PCR Capital
La Corte
Suprema nuevamente tuvo que intervenir para que se garantice, en esta ocasión,
el aborto no punible a la paciente internada en el Hospital Ramos Mejía que fue
víctima de una red de trata.
El caso generó
un gran debate político y social y logró una gran cobertura de medios en la
puerta del hospital, en los días siguientes, al presentarse la denuncia de
incumplimiento de deberes de funcionario público contra Macri, en la posterior
conferencia de prensa en la legislatura de la Ciudad y en la manifestación en
la puerta de la Jefatura de Gobierno convocada el pasado jueves por la Campaña
por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito a la que se sumaron muchas
organizaciones.
La Corte en el
nuevo fallo (Ver) dejó claro que la Ciudad de Buenos Aires debía realizar la práctica
"prescindiendo de la resolución judicial que suspendió su
realización". De todos modos, después de la violencia institucional que
sufrió en dicho hospital, la mujer decidió realizarse la intervención en otro
lugar.
Es preocupante
la situación de aquí en más, cuando otras mujeres, adolescentes y niñas necesiten
acceder a este derecho. El protocolo vigente en la Ciudad impone restricciones
que no tienen ningún fundamento legal, a su vez estas organizaciones religiosas
que se denominan "pro-vida" actúan permanentemente y tienen acceso a
las instituciones de salud y también a la información de los pacientes.
Debemos exigir
que Macri y todos sus funcionarios y funcionarias, respeten en primer lugar
todas las leyes de salud de la ciudad empezando por la ley Básica de Salud que
establece junto con otras la confidencialidad de los datos de los pacientes.
Pero además Macri debe respetar la decisión de la Legislatura de la ciudad que
en la madrugada del 28 de septiembre sancionó una ley de abortos no punibles,
que sí respeta el fallo de la Corte y que es una conquista de la lucha del
movimiento de mujeres.
Al mismo
tiempo, hay que ganar las calles para exigirle al gobierno nacional que
destrabe el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo,
que duerme en algún cajón del Congreso de la Nación desde que fue presentado
por cuarta vez en marzo de este año.
Es la única
forma de que las mujeres que cursan un embarazo producto de una violación
puedan acceder a interrumpir su embarazo sin ser revictimizadas, presionadas y
escrachadas. Y es una necesidad imperiosa para las 500.000 mujeres que
anualmente deben someterse a la violencia de un aborto clandestino.
1º de noviembre: Llenemos las calles por la
aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
