A pesar de la lluvia, este 18 de septiembre como todos los años Encuentro Memoria Verdad y Justicia junto a organizaciones sociales, de desocupados, gremiales y estudiantiles volvieron a reclamar por la aparición con vida de Jorge Julio López.
Se realizó el acto finalmente frente al Congreso Nacional donde se leyó un documento acordado por las organizaciones. Entre otras cosas, se exigió al gobierno que termine con el silencio, el encubrimiento y la impunidad. Además, se reclamó el cese de la persecución y asesinato de todos los luchadores populares. Compartimos a continuación el documento completo:
DOCUMENTO A 6 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE
JORGE JULIO LÓPEZ
A seis años del segundo
secuestro de Jorge Julio López venimos a esta plaza a gritar: compañero Julio
López PRESENTE!
Julio López, el albañil, ex detenido-desaparecido que después de muchos años de silencio puso en
palabras sus recuerdos del horror vivido para acusar a sus torturadores, que
reconstruyó su memoria ladrillo a ladrillo, para cumplir su compromiso con
quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la
sala de audiencias ese 18 de septiembre de 2006.
Miles salimos a la calle en La Plata , bajo una lluvia
torrencial, el viernes de la primera semana, gritando desesperadamente y
después de tantos años: Ahora, ahora,
resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Al
finalizar esa primera marcha escuchamos de boca del entonces gobernador Solá, y
sus funcionarios Arslanián y Binstock, la transmisión de una idea que
anticipaba la política de la que no se apartarían ni un ápice los sucesivos
gobiernos provincial y nacional. Esa noche los funcionarios respondieron que
estaba en peligro la gobernabilidad de la bonaerense. La Policía de la Provincia , al momento de
la desaparición de López, tenía en sus filas más de 3.000 efectivos que en los
años 76 y 77 estuvieron destinados a las dependencias donde funcionaron centros
clandestinos de detención y ningún gobierno constitucional separó ni investigó.
Está claro hoy que en ese momento ya habían renunciado a encontrar a nuestro
compañero Jorge Julio López y habían renunciado a detener, juzgar y condenar a
los responsables.
Julio López, cuyo segundo
secuestro fue, primero minimizado por el oficialismo y sus seguidores y luego,
transformado por ellos en una búsqueda que preguntaba por su nombre pero no se
atrevía a interpelar a sus torturadores de la policía bonaerense.
En todos
estos años nos hemos movilizado a lo largo y ancho del país y hemos organizado
actividades con el objetivo de mantener viva la denuncia, y hemos recibido por
única respuesta el silencio de la
impunidad, el silencio de la complicidad.
Julio López no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura:
Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición
marcó el hecho de reinstalar la desaparición como práctica genocida,
poniendo en jaque al Nunca Más, y demostrando que es posible que vuelva
a suceder lo que imaginábamos desterrado. Fue una confirmación más de lo que
siempre dijimos, la impunidad sólo genera impunidad…
Impunidad que
no es sólo responsabilidad de los gobiernos constitucionales anteriores a
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sino también de éstos, porque no hicieron
lo necesario para terminar con tantos represores sueltos fuera o dentro de las
filas policiales o militares. La impunidad actual, vigente, es la que permite
que López esté desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de
los autores materiales del secuestro y desaparición de Julio. Pero la
responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como denunciamos desde
un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial.
El Estado, con
total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló una
búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos a las otras, mientras que los
funcionarios políticos negaban la posibilidad del secuestro, insistiendo en que
Julio estaba perdido o escondido. El gobierno
tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los
organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial:
la SIDE , el
Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la Federal.
Desde el primer
momento, no investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la
bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables
amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo
testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales, ni los
secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, y militantes
que participaron por los reclamos por la aparición con vida de Julio; ni el
asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del
secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los
testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los
genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y
secuestros.
El gobierno es
responsable de su aparición con vida y debía haber dado los pasos precisos y
contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia
a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se
desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de jueces y fiscales
cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo
donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus
cómplices civiles.
Mientras ellos
sostienen la impunidad, miles y miles en todo el país nos movilizamos cada 18
de septiembre para decir presente al compañero Julio López!
Hoy, denunciamos la
impune utilización que hace el gobierno de la Provincia del nombre de Julio
López para bautizar plazas y parques ocultando que no se da un solo paso para encontrar
a los responsables del secuestro. En el mismo sentido, la reciente declaración
de Ciudadano Ilustre otorgada por el Concejo Deliberante de La Plata es una provocación que
resalta el cinismo del poder político que tendría que haber garantizado la
aparición con vida y el castigo a los culpables.
Hoy, denunciamos que la causa judicial de Julio es un ejemplo descarado de las
maniobras de impunidad y encubrimiento de las que son responsables jueces y
fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas.
Durante
el último año, lo único que sucedió en la investigación judicial fue una
denuncia contra las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron
en el juicio contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba
distorsionar las responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de
Julio de “no haberlo cuidado”. Mientras tanto, jamás se investigó a la Bonaerense heredera de
Camps y Etchecolatz, que en todos estos años, y en las más diversas
situaciones, demuestra ser una verdadera organización mafiosa.
Hoy,
a 6 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para
ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el
encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar
justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los
represores y asesinos, a todos los genocidas.
Por
eso decimos:
BASTA
DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Aparición
con vida YA de Julio López
Juicio
y castigo a los responsables
Compañeros y
compañeras,
Reivindicamos
hoy el derecho inalienable y el compromiso a luchar por vivienda, trabajo y
salario digno para todos, por educación y salud para nuestro pueblo,
contra la entrega de nuestros recursos
naturales, contra el pago de la ilegitima y usuraria deuda externa, contra la
depredación ambiental de las empresas imperialistas. Por un país sin opresión,
sin explotación.
Porque defendemos el derecho a luchar y a organizarse de
nuestro pueblo estamos aquí, con la
misma convicción de Julio, denunciando al gobierno nacional, los gobiernos provinciales de todo el país, y el
gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, por la brutal criminalización
de la protesta social y por la impunidad, de las que son responsables.
Numerosos hechos dan cuenta de esta
situación:
En los últimos dos años la política represiva del gobierno ha reconocido
un punto de inflexión: fueron asesinados 18 luchadores populares.
Se han militarizado los barrios obreros y
populares. Por la política de “seguridad democrática” de Garré se instala en
los barrios y villas al Ejército, a la Marina , a la Aeronáutica , profundizando el
modelo ya iniciado con la incorporación de Prefectura y Gendarmería.
Se han incrementado las actividades de
infiltración y espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y
populares a través del proyecto X de la Gendarmería , del accionar de la SIDE y de todos los servicios
de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad. Estas actividades de
inteligencia se utilizan para armar causas contra luchadores.
El pasado 30 de agosto fueron detenidos 65
compañeros de las organizaciones de desocupados de la Corriente Clasista
y Combativa y Barrios de Pie cuando se encontraban manifestando en la Panamericana a la
altura de la Ruta
197, en reclamo de mayor inclusión y mejoras en los planes Argentina Trabaja.
Los compañeros fueron demorados en la
Unidad de Procedimientos especiales Judiciales (Proyecto
X) ubicado en CAMPO DE MAYO, dependencia del Ejército que fue sede de
uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura genocida.
La detención fue realizada por la Gendarmería Nacional
por orden del Secretario de Seguridad Sergio Berni, y sin orden judicial
alguna.
Continúan
presos Víctor Barbero, Omar Pasquini, Rubén Omar Astudillo, Juan José
Guayanes, Juan Marcelo Farías y Horacio Esteban Guayanes, por la pueblada de
Corral de Bustos en Córdoba.
De cada lucha surgen nuevos dirigentes y
militantes procesados. Las causas abiertas en todo el país suman ya más de 4000.
La persecución judicial se profundiza día a día hacia los sectores que luchan y
defienden sus derechos, especialmente sobre aquellos que reclaman derecho a la
tierra, a la vivienda y al trabajo, derechos que el estado tiene la obligación
de garantizar y que continúa violando.
La ley antiterrorista es el instrumento
legal propuesto al Congreso por la presidenta Cristina Fernández para profundizar
el castigo a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras
democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y senadores que la
votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino.
Mientras la mayoría oficialista se ha
negado una y otra vez a tratar una ley contra la criminalización de la
protesta, sancionó en tiempo record la
Ley antiterrorista.
Esta ley no es un hecho
aislado, sino que se relaciona directamente con el intento de instalar una base
norteamericana en el Chaco, intento frenado con la movilización popular. A
pesar de esto, el gobierno nacional no derogó el convenio firmado con los
Estados Unidos para instalar la base, profundizando esta relación con la
presencia de instructores y asesores militares norteamericanos expertos en
Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información
dictando cursos al personal del Ministerio de Defensa sobre control de
disturbios, operaciones antidrogas y antiterroristas.
El mantenimiento de las tropas
argentinas en Haití cumple con el rol colonial del imperialismo yanqui.
Por todo eso decimos:
Basta
de persecución y asesinatos de los luchadores populares!
Compañeros y compañeras,
A poco de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Mariano
Ferreyra, el juicio que en estos momentos se está desarrollando
contra José Pedraza, su patota y los policías que participaron del crimen es
una victoria absoluta de la inmediata y gigantesca movilización popular que
recorrió (y recorre) todo el país.
El
asesinato de Mariano y las graves heridas que sufrieron Elsa Rodríguez y otros
compañeros fueron el resultado de un plan criminal que tenía por objeto
aleccionar a los trabajadores tercerizados del ferrocarril que reclamaban su
pase a planta permanente. Tanto del plan criminal como de la superexplotación
de los trabajadores son responsables la Unión Ferroviaria
y los empresarios de Ugofe con la anuencia y complicidad de los funcionarios de
la Secretaría
de Transporte y el gobierno nacional.
Se trata,
en definitiva, de los mismos actores que estuvieron detrás de la Masacre de Once y de
centenares de víctimas del régimen criminal que montaron a partir de los
subsidios del Estado.
El juicio
a Pedraza es histórico, porque tenemos a uno de los responsables políticos de
un crimen contra el pueblo tras las rejas y sentado en el banquillo de los
acusados. Desde esta Plaza reclamamos: ¡Perpetua a Pedraza! ¡Castigo a todos
los responsables materiales, políticos y empresarios del crimen de Mariano
Ferreyra!
Con la presencia y
con la ausencia de Julio, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a
luchar de los trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento campesino,
del movimiento estudiantil y de todos aquellos que luchan, crean
organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios
dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos.
Así como Julio, a pesar de todas las
torturas, de todos los horrores, de todas las injusticias, pudo plantarse
frente a los poderosos y poner su voz por los
que fueron privados de su voz, al servicio de nuestro pueblo, hoy
estamos aquí, para seguir denunciando
los crímenes contra
el pueblo, para seguir luchando
para conquistar un país
sin opresión y sin explotación, que
haga realidad los sueños
de nuestros 30000
compañeros detenidos
–desaparecidos.
Marchamos con vos, Julio, y exigimos al
Gobierno tu aparición con vida YA!
Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia
18 de septiembre
de 2012
