Organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales, políticas y de derechos humanos marcharon de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso Nacional para reclamar la derogación de la llamada “Ley Antiterrorista”.
En el escenario frente al Congreso
Nacional se leyó un documento único que denunció
"una seguidilla de episodios que implica un resurgimiento de
políticas de intervención sobre la conflictividad social que resultan
absolutamente incompatibles con el respeto por derechos elementales y reavivan
los temores que nos llevaron a oponernos terminantemente a la sanción de la
cuestionada ley antiterrorista".
La Ley 26.268, conocida como “Ley Antiterrorista”, fue aprobada en
diciembre del año pasado e incorporó al Código Penal dos nuevos delitos: “Asociación
Ilícita Terrorista” (Art. 213 ter) y el de recolectar o proveer de fondos para
tales asociaciones. El Art. 213 ter del Código Penal señala
que “Se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años al que tomare parte de una
asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos,
aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional
a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Algunas de las organizaciones que participaron de esta
jornada fueron: Corriente Clasista y Combativa, Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos, Federación Universitaria de Buenos Aires, APEL, CEPRODH,
CADHU CADEP, Liberpueblo, Frente Dario Santillan-COMPA, Corriente Nacional por la Unidad Popular ,
MST, Partido Comunista Revolucionario, Proyecto Sur, Libres del Sur, OLP, UCR,
PRML, GEN, CUBA-MTR, PTS, PO, Nuevo MAS, Che Pibe, Unión Popular, ATE, Frente
Amplio Progresista, Unión de Asambleas Ciudadanas, Red Nacional de Medios
Alternativos, Asambleas Populares y la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre.
Además, el documento remarcó que “Las leyes
antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y
rotura de lazos sociales, entre los más decididos luchadores que llevan
adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado
social”. Por último, aseguró que “bajo esta ley se está criminalizando la
protesta social, judicializando los reclamos populares y persiguiendo a los
luchadores sociales".
A fines de enero se conoció lo
que fue el estreno de la “Ley Antiterrorista” en Catamarca, Santa María, con la
detención de 9 asambleístas que bloqueaban el paso de camiones de la minera La Alumbrera. El
fiscal provincial Julio Landivar los había imputado “por actos de terrorismo” y
por “poner en riesgo la seguridad pública". Una de las abogadas de
los asambleístas, Selene Herrera, había
confirmado al medio Comunicación Ambiental que estaban imputados “por el artículo 213 bis del Código Penal, que
es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista como de competencia federal".
El Coordinador Nacional de la CCC Amancay Ardura,
uno de los tantos presentes en la marcha, dijo que “Esta es una ley
que parte de un acuerdo con Estados Unidos y el GAFI para dar un salto
cuantitativo en la judicialización de la protesta, vamos a la duplicación de
penas en cualquier protesta que se realice: la violación a una conciliación
obligatoria puede ser encuadrada por esta ley o un corte de ruta o cualquier
acción que se emprenda para llevar adelante un reclamo”.
Una de las características de esta nueva Ley son lo graves
y desproporcionadas de las penas. Mientras el derecho penal estipula para el
delito de homicidio (considerado uno de los más graves) la pena de 8 a 25 años de prisión, con
esta Ley se pena con 5 años a quien forme parte de una “Asociación Ilícita Terrorista”, y de 10 a 20 años a los fundadores
o jefes. Es decir, a quien sea considerado “terrorista” le cabe una pena máxima
similar a la de un homicida.
