Reproducimos el comunicado de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito frente a la noticia de que en la Provincia de Entre Ríos, la mujer a la cual le impidieron el aborto terapéutico a las 19 semanas, a 7 días de su cesaria, ha sido internada en terapia intensiva porque sufrió un Accidente Cerebro Vascular isquémico lo cual le ha producido una parálisis de brazo y pierna izquierda. Asistimos en este caso de abuso de poder y maltrato institucional. Negar el aborto no punible es un grave delito y se convierte -como en este caso- en un voto de tortura y de muerte para las mujeres, a quienes se les exigen sacrificios extremos e inmaculados, sin importar las consecuencias para ellas ni para sus seres queridos/as.
A través de un comunicado difundido por el Conders Entre Ríos supimos que: “ La mujer a la cual le impidieron el aborto terapéutico a las 19 semanas en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, y que fue derivada al Hospital Posadas el 14 de agosto, por su cardiopatía congénita no corregida, a 7 días de su cesárea, ha sido internada en terapia intensiva porque el día 02/12/11 sufrió un ACV (accidente cerebro vascular) isquémico lo cual le ha producido una parálisis de brazo y pierna izquierda. Se espera una nueva tomografía que confirme la extensión del daño”. Esta situación nos indigna profundamente.
Recordemos que el 4 de agosto de este año, un ateneo interdisciplinario realizado en el Hospital San Roque de Paraná, acordó la realización del aborto terapéutico, permitido por el Artículo 86 del Código Penal, con el consentimiento de la mujer, a la que conocemos como MG.
Esta práctica era necesaria dada su cardiopatía y había sido pedida por ella. Sin embargo, no se llevó a cabo debido a la irrupción en la sala pre-quirúrgica de un médico conocido por su accionar anti-derechos. La cruzada logró su cometido: impedir la práctica del aborto. El bebé nació con idéntica malformación que su madre. Lo que provocó la negativa del derecho conculcado es un agravamiento para la vida y salud de MG, quien desde agosto permanece internada en un hospital de alta complejidad a 500 kilómetros de su lugar de residencia, lejos de su familia. MG, empobrecida económicamente y por tanto portadora de una serie de vulnerabilidades extras, tiene también un hijo adolescente.
El derecho a la vida está en correlación con otros como la igualdad, dignidad, justicia, autonomía y libertad. Cuando se realza uno sólo, estamos frente una operación política e ideológica. Un discurso que quiere presentarse desde la neutralidad, un nuevo supuesto totalitario: la sacralización de la vida. En realidad lo que intenta es poner en valor absoluto la vida en gestación, para subvalorar, desconocer y hasta despreciar la vida de las mujeres. El resultado concreto es una nueva operación del patriarcado para controlar la vida y vulnerar el derecho a decidir de las mujeres.
Asistimos en este caso de abuso de poder y maltrato institucional.
Negar el aborto no punible es un grave delito y se convierte -como en este caso- en un voto de tortura y de muerte para las mujeres, a quienes se les exigen sacrificios extremos e inmaculados, sin importar las consecuencias para ellas ni para sus seres queridos/as. Desde las cruzadas anti-derechos se llama insistentemente a violar los derechos humanos de las humanas. Lo más grave es que desde las instituciones del Estado, en particular desde el Ministerio Provincial y Nacional de Salud, se consolide la desprotección extrema por acción u omisión y se violen normativas vigentes en Argentina referidas a la protección de derechos de las mujeres, como es la Ley Nacional 26.485.
La situación de MG y su familia significa una verdadera vergüenza institucional, pone de manifiesto de modo paradigmático la inaccesibilidad al aborto no punible y la discrecionalidad ilegal y anti-laica con la que se mueven actores del sistema público de salud, muy distantes de su función de proteger la salud e incurriendo en grave iatrogenia. También muestra los efectos perversos de la pobreza y la falta de recursos para el acceso real a los derechos sexuales y reproductivos.
Como Campaña Nacional:
• Nos ponemos a disposición de la familia de MG para acompañar el tránsito por esta difícil situación.
• Responsabilizamos a las autoridades de salud pública de la provincia de Entre Ríos y a todo el personal del hospital que negó la aplicación del Artículo 86 del Código Penal del actual estado de salud de MG.
• Demandamos las autoridades correspondientes investiguen la actuación del profesional que intervino en la esfera privada de MG antes de la práctica, que se sancione a todos los responsables, incluyendo la prohibición de seguir ejerciendo la medicina para quienes corresponda.
• Exigimos la inmediata aplicación del Artículo 86 del Código Penal, en todos los casos que éste amerite, respetando lo establecido en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles emitida por el Ministerio de Salud durante la presidencia de Néstor Kirchner y lo que ha venido sosteniendo de modo consistente la jurisprudencia en esta materia, incluido las Cortes Supremas de Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro.
• Exigimos que se dé rango de Resolución Ministerial a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles para que sea de cumplimiento obligatorio en los servicios públicos de salud en todo el país.
• Insistimos en el cumplimiento de normativas y políticas públicas que concreten la efectiva laicidad del Estado.
• Reclamamos que Congreso Nacional discuta y apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Educación sexual para decidir
anticonceptivos para no abortar
aborto legal para no morir
A través de un comunicado difundido por el Conders Entre Ríos supimos que: “ La mujer a la cual le impidieron el aborto terapéutico a las 19 semanas en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, y que fue derivada al Hospital Posadas el 14 de agosto, por su cardiopatía congénita no corregida, a 7 días de su cesárea, ha sido internada en terapia intensiva porque el día 02/12/11 sufrió un ACV (accidente cerebro vascular) isquémico lo cual le ha producido una parálisis de brazo y pierna izquierda. Se espera una nueva tomografía que confirme la extensión del daño”. Esta situación nos indigna profundamente.
Recordemos que el 4 de agosto de este año, un ateneo interdisciplinario realizado en el Hospital San Roque de Paraná, acordó la realización del aborto terapéutico, permitido por el Artículo 86 del Código Penal, con el consentimiento de la mujer, a la que conocemos como MG.
Esta práctica era necesaria dada su cardiopatía y había sido pedida por ella. Sin embargo, no se llevó a cabo debido a la irrupción en la sala pre-quirúrgica de un médico conocido por su accionar anti-derechos. La cruzada logró su cometido: impedir la práctica del aborto. El bebé nació con idéntica malformación que su madre. Lo que provocó la negativa del derecho conculcado es un agravamiento para la vida y salud de MG, quien desde agosto permanece internada en un hospital de alta complejidad a 500 kilómetros de su lugar de residencia, lejos de su familia. MG, empobrecida económicamente y por tanto portadora de una serie de vulnerabilidades extras, tiene también un hijo adolescente.
El derecho a la vida está en correlación con otros como la igualdad, dignidad, justicia, autonomía y libertad. Cuando se realza uno sólo, estamos frente una operación política e ideológica. Un discurso que quiere presentarse desde la neutralidad, un nuevo supuesto totalitario: la sacralización de la vida. En realidad lo que intenta es poner en valor absoluto la vida en gestación, para subvalorar, desconocer y hasta despreciar la vida de las mujeres. El resultado concreto es una nueva operación del patriarcado para controlar la vida y vulnerar el derecho a decidir de las mujeres.
Asistimos en este caso de abuso de poder y maltrato institucional.
Negar el aborto no punible es un grave delito y se convierte -como en este caso- en un voto de tortura y de muerte para las mujeres, a quienes se les exigen sacrificios extremos e inmaculados, sin importar las consecuencias para ellas ni para sus seres queridos/as. Desde las cruzadas anti-derechos se llama insistentemente a violar los derechos humanos de las humanas. Lo más grave es que desde las instituciones del Estado, en particular desde el Ministerio Provincial y Nacional de Salud, se consolide la desprotección extrema por acción u omisión y se violen normativas vigentes en Argentina referidas a la protección de derechos de las mujeres, como es la Ley Nacional 26.485.
La situación de MG y su familia significa una verdadera vergüenza institucional, pone de manifiesto de modo paradigmático la inaccesibilidad al aborto no punible y la discrecionalidad ilegal y anti-laica con la que se mueven actores del sistema público de salud, muy distantes de su función de proteger la salud e incurriendo en grave iatrogenia. También muestra los efectos perversos de la pobreza y la falta de recursos para el acceso real a los derechos sexuales y reproductivos.
Como Campaña Nacional:
• Nos ponemos a disposición de la familia de MG para acompañar el tránsito por esta difícil situación.
• Responsabilizamos a las autoridades de salud pública de la provincia de Entre Ríos y a todo el personal del hospital que negó la aplicación del Artículo 86 del Código Penal del actual estado de salud de MG.
• Demandamos las autoridades correspondientes investiguen la actuación del profesional que intervino en la esfera privada de MG antes de la práctica, que se sancione a todos los responsables, incluyendo la prohibición de seguir ejerciendo la medicina para quienes corresponda.
• Exigimos la inmediata aplicación del Artículo 86 del Código Penal, en todos los casos que éste amerite, respetando lo establecido en la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles emitida por el Ministerio de Salud durante la presidencia de Néstor Kirchner y lo que ha venido sosteniendo de modo consistente la jurisprudencia en esta materia, incluido las Cortes Supremas de Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro.
• Exigimos que se dé rango de Resolución Ministerial a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles para que sea de cumplimiento obligatorio en los servicios públicos de salud en todo el país.
• Insistimos en el cumplimiento de normativas y políticas públicas que concreten la efectiva laicidad del Estado.
• Reclamamos que Congreso Nacional discuta y apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Educación sexual para decidir
anticonceptivos para no abortar
aborto legal para no morir
