Los procedimientos judiciales contra los luchadores populares tienen carátulas cada vez más agresivas, como la de “sedición interna” utilizada contra los asambleístas de Gualeguaychú o la de “secuestro coactivo agravado” contra diez estudiantes universitarios, con figuras que no se aplicaban desde hace varias décadas, afirmó el ex presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Leonardo Perna, procesado como consejero superior de la UBA por defender la continuidad del CBC de Merlo...
Perna participó de la movilización contra el “gatillo fácil”, organizada por Memoria, Verdad y Justicia y protagonizada por decenas de organizaciones sociales y políticas que marcharon desde el Congreso a la Plaza de Mayo para repudiar la represión a los jóvenes y a los luchadores populares que, en su último capítulo, causó tres muertos en Bariloche.
El estudiante es uno de los diez dirigentes estudiantiles de la FUBA procesados por el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal N 9 por “secuestro coactivo agravado por el número de participantes”, debido a su rol en una movilización de estudiantes, docentes y padres el 28 de mayo de 2008 al Consejo Superior de la UBA, reclamando la permanencia de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en la zona oeste del conurbano, que concluyó exitosamente.
“Lo grave de la causa es la carátula que plantean –secuestro coactivo agravado-, de similar gravedad a la que en Gualeguaychú se produce contra los asambleístas que luchan contra la instalación contaminante de la pastera Botnia -sedición interna-, que no se veían desde hace varias décadas”, afirma Perna. El “secuestro coactivo agravado por el número de participantes” tiene una pena de 10 a 25 años y no es excarcelable. También se trabó un embargo de 10.000 pesos contra cada uno de los compañeros y se les prohibió la salida del país.
Los estudiantes acusados fueron sobreseídos en marzo del 2009, pero la causa fue apelada por los querellantes, entre ellos los decanos Rosito y Boveris, y consejeros superiores de la agrupación radical Franja Morada. Ahora, el fiscal general tiene un plazo para presentar argumentos y la instancia para darle o no lugar a la apelación.
“Además, avanzaron más directamente contra el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales del 2009 por la utilización del estacionamiento para bar comedor, y con un querellante que ahora es abiertamente el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú”.
Además de Perna, los compañeros procesados son Cristian Henkel, María Damasseno, Mariela Solesio, Santiago Gima, Agustín Vanella, Juan Pablo Rodríguez, Laura Casal, Alejandro Raia y David Fridman. Entre ellos se encuentran dos copresidentes de la FUBA, tres ex presidentes, una Consejera Superior, presidentes de centros de estudiantes y Consejeros Directivos de varias facultades.
La lucha librada por la permanencia de una sede del CBC en la zona oeste comenzó en marzo de 2008, en el inicio de clases, cuando los estudiantes y docentes del CBC de Merlo se encontraron con la noticia de que la sede sería cerrada.
El intendente de Merlo, Raúl Othacehé responsabilizaba al rector de la UBA Rubén Hallú, y éste le echaba la culpa al intendente de Merlo; en tanto, peligraba el desempeño de los 3500 estudiantes inscriptos en la sede, los trabajadores docentes y no docentes.
En asambleas multitudinarias, estudiantes, docentes y no docentes decidieron quedarse en el lugar dictando y tomando clases, tras lo cual el Consejo Superior forzó un desalojo que nunca logró ejecutar, por la resistencia de la planta educativa.
La situación fue sumamente grave porque las autoridades bloqueaban la presencia de personal administrativo en la sede, se negaban a tomar los exámenes en las instalaciones de Merlo y no había ningún avance sobre la búsqueda de una nueva sede, lo cual obligaba a los estudiantes a pernoctar en la sede del CBC, realizando una vigilia en custodia de las instalaciones. Cuando el 28 de mayo los estudiantes, docentes y padres concurrieron a la sesión del Consejo Superior fue para reclamar que se cumpla efectivamente una resolución que el propio Consejo Superior había votado tiempo atrás.
Así es que transformaron una petición ante las autoridades en un “secuestro coactivo agravado”, en una maniobra política alevosa contra el movimiento estudiantil. “La masiva participación en la marcha contra el ‘gatillo fácil’ expresó la cantidad de causas y procesamientos que se van abriendo o reactivando en los últimos meses, y la presencia de tanta gente resulta importante para exigir el inmediato cierre de procedimientos contra los luchadores populares, así como el fin de la represión y las muertes”, concluyó Perna.
