La información brindada a la madre de la niña es falsa
completamente, varios especialistas ya se han pronunciado al
respecto, coincidiendo en que el aborto si se practica en condiciones
seguras, es un procedimiento médico con mínimo riesgo. Incluso,
dentro de las 12 semanas de gestación es una intervención
ambulatoria, que no requiere internación.
Tanto el gobernador de Misiones como el ministro de
salud han manifestado hipócritamente que estarían de acuerdo a que
se practique la intervención, pero no utilizaron ninguno de los
recursos de los que disponen como funcionarios del estado provincial
para que esto se lleve a cabo, ni para evitar las dilaciones, ni para
evitar que la niña siga siendo revictimizada, ni que se manipule a
la madre con información falsa. Es por eso que desde la Campaña
Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito
de Capital Federal, con las organizaciones que la componen,
convocamos a un escrache
en la Casa de Misiones, en el cual participaron muchas mujeres
denunciando el lamentable papel jugado por el gobierno provincial y
exigiendo que se garanticen los derechos de la niña.
Una delegación de la Campaña y de las organizaciones
presentes, entramos a la Casa de Misiones donde fuimos recibidas por
Luis Galán, director administrativo de la misma, quien se
comprometió a entregar la declaración al Gobernador y al Ministro
de Salud y a hacerle llegar los siguientes reclamos:
- Que de manera urgente realicen a
la joven y su madre una consejería veraz, acorde con la
epidemiología del aborto seguro, la ley vigente y los
protocolos que el ministerio de salud de nación ha desarrollado en
el tema, como la guía técnica para la atención del aborto no
punible.
-
Que la niña sea escuchada y se tenga en principal consideración su
deseo y voluntad, respetando y dando prioridad al interés superior
de la misma, tal cual está consagrado en la constitución nacional.
-
Que se realice una investigación de los hechos ocurridos y que los
responsables del hospital que negándose a efectuar una práctica
médica desincriminada por el código penal, han incurrido en
incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos e infringido
la ley n°26.485 de prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, configurando un caso de violencia
institucional y de violencia contra la libertad reproductiva,
sean sancionados correspondientemente.
-
Que la provincia incorpore la guía técnica para la atención del
aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación a través de
una resolución del ministerio de salud u otra normativa provincial
que le otorgue rango de obligatoriedad para la atención de este tipo
de interrupciones legales del embarazo, como modo de garantizar la no
repetición de este tipo de situaciones.
El
movimiento de mujeres y el conjunto del las organizaciones populares
debemos ganar las calles para exigir que se cumplan las leyes que
logramos conquistar con años de lucha, como la de educación sexual
integral, salud sexual y procreación responsable, prevención
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, como así
también que se cumplan los casos de abortos no punibles sin
judicialización y con la aplicación de protocolos o guías técnicas
para su realización a nivel provincial y que se restituya el rango
de resolución ministerial a la “Guía de
atención integral de los abortos no punibles”,
que le fuera quitado el año pasado por el ministro de salud, el
kirchnerista Juan Manzur.
Todo
esto mientras seguimos exigiendo nacionalmente que se trate y se
apruebe en el Congreso de la Nación, la Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo
presentada por la Campaña por el Derecho al
Aborto Legal Seguro y Gratuito. Para que
nunca más una mujer se muera o sufra lesiones por tener que
someterse a un aborto clandestino y para que las mujeres podamos
decidir sobre nuestros cuerpos.
Sobre los abortos no punibles
El Artículo Nº 86 del Código penal segundo párrafo
establece que:
“El aborto practicado por un médico diplomado con
el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1. Si se ha realizado con el fin de evitar un peligro
para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser
evitado por otros medios;
2. Si el embarazo proviene de una violación o de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este
caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser
requerido para la práctica abortiva”
Hay
una gran polémica en relación a este último punto acerca de si
corresponde aplicarlo a todos los casos de violación o solo en casos
de mujeres “idiotas o dementes”, el debate se da alrededor de una
supuesta coma que estaba en la redacción inicial del código y que
fue borrada posteriormente.
La
“Guía de atención integral de los abortos no
punibles” toma como concepto de salud “el
completo estado de bienestar físico, mental y social”. Un embarazo
producto de una violación afectaría gravemente la salud mental de
la víctima, por lo tanto establece: “…el
profesional de la salud y la mujer no incurren en delito de aborto en
las siguientes situaciones:
a.
en casos de peligro para la vida de la mujer (artículo 86, inciso
1o, Código Penal de la Nación),
b.
en los casos de peligro para la salud de la mujer (artículo 86,
inciso 1o, Código Penal de la Nación),
c.
cuando el embarazo sea producto de una violación (artículo 86,
inciso 2o, Código Penal de la Nación),
d.
cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer
idiota o demente (artículo 86, inciso 2o, Código Penal de la
Nación). En este caso el consentimiento de su representante legal
deberá ser requerido para el aborto.”
No
resulta raro entonces, que el Ministro Manzur (que además de ser
ministro de salud es vicegobernador de Tucumán, provincia donde la
educación religiosa en obligatoria en las escuelas del estado)
saliera rápidamente a dar de baja la guía. La presidenta Cristina
Fernández se manifestó desde un primer momento en contra de la
legalización del aborto, por lo tanto es coherente que ponga al
frente del Ministerio de Salud a este tipo de personajes como Manzur
o como su antecesora Graciela Ocaña quien manifestó públicamente
al poco tiempo de haber asumido, que en su gestión no se iba a
hablar del aborto, porque ese era un tema de legislación criminal
y no de salud pública.
